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News from UC Davis Health System

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NEWS | December 13, 2013

Estudio piloto encuentra mejores formas para detectar y recuperar armas entre los acusados de violencia doméstica

(SACRAMENTO, Calif.)

La realización de controles más exhaustivos para identificar a los propietarios de armas de fuego entre las personas a las que se les dictó una orden de restricción por violencia doméstica y la modernización de los procedimientos para recuperar las armas al momento de notificar la orden de restricción podrían ayudar a que se cumplan las leyes existentes que prohíben que estos agresores posean armas de fuego, según concluyó un estudio piloto realizado por expertos en la prevención de violencia de la Universidad de California, Davis, y la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

La iniciativa, elaborada por oficiales policiales del Condado de San Mateo y del Condado de Butte en California en permanente consulta con el Departamento de Justicia de California y otros autores del estudio, desarrolló y evaluó procesos que podrían llegar a mejorar las tasas de recuperación de armas de fuego entre las personas con órdenes de restricción por violencia doméstica. El estudio  se publicó en Internet el 12 de diciembre en la revista American Journal of Public Health.

“La violencia entre parejas es una amenaza grave a la seguridad y salud pública, en especial para las mujeres, y las armas de fuego juegan un papel predominante”, dijo Garen Wintemute, director del Programa de Investigación sobre Prevención de Violencia de UC Davis y autor principal del estudio.

“Las mujeres tienen dos veces más posibilidades de ser asesinadas por sus parejas con armas de fuego que por extraños con cualquier tipo de arma”, agregó. “Los agresores con armas de fuego tienen entre cinco y ocho veces más posibilidades de matar a sus víctimas que aquellos que no tienen armas de fuego. Los agresores que poseen armas de fuego también tienen ocho veces más posibilidades de amenazar a sus parejas con armas de fuego. Debemos trabajar más para desarmar a los agresores ya conocidos para prevenir la violencia”.

Según la base de datos de delitos del FBI, se calcula que aproximadamente 1127 mujeres fueron asesinadas y alrededor de 605.000 fueron agredidas por sus parejas en los Estados Unidos en 2011. Además, alrededor del 36 por ciento de las mujeres estadounidenses que participaron en la National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (Encuesta Nacional sobre Parejas Íntimas y Violencia Sexual) manifestaron haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas.

“Las leyes federales y estatales existentes que regulan la posesión de armas de fuego entre las personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica son un paso para garantizar que las personas violentas con sus parejas íntimas no tengan acceso a armas”, comentó Shannon Frattaroli, docente en el Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research y coautora del estudio. “Nuestro estudio es instructivo para los estados y las localidades que desean garantizar que se cumplan estas leyes”.

Actualmente, las leyes federales y estatales prohíben la compra y la posesión de armas de fuego por parte de personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica. Muchos estados autorizan o exigen que los tribunales ordenen a los agresores entregar sus armas de fuego mientras esté vigente la orden de restricción. Pero estas leyes no son suficientes, ni siquiera en los estados con requisitos particularmente estrictos, afirma el autor.

En California, por ejemplo, los agresores deben entregar sus armas de fuego a una agencia del orden público o venderlas a un comercio autorizado que venda de armas de fuego dentro de las 24 horas posteriores a recibir la notificación de la orden de restricción, y presentar el recibo ante el tribunal para documentar que se ha cumplido con esta exigencia dentro de las 48 horas. Desde 2007, también deben entregar sus armas de fuego de inmediato si un oficial policial lo exige.

Aún así, se ha hecho difícil hacer cumplir estas leyes, más allá de prohibir que los agresores puedan comprar armas de fuego en los comercios autorizados.

“Identificar a los agresores armados y recuperar sus armas de fuego de modo oportuno, integral y eficiente es un gran reto”, afirmó Wintemute. “Algunas órdenes de restricción nunca se notifican. Los registros de propiedad de armas de fuego están incompletos. Los propietarios simplemente podrían negar poseer armas de fuego, y podría ser imposible determinar si están diciendo la verdad. Pero se puede comenzar a desarrollar recomendaciones amplias para su implementación que se podrían adaptar a las circunstancias específicas de cada estado o condado del país”.

Para el estudio, Wintemute y sus colegas de UC Davis y del Center for Gun Policy and Research de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg trabajaron con detectives locales para hacer un seguimiento de los esfuerzos e identificar y desarmar a los poseedores de armas de fuego entre quienes habían recibido una orden de restricción por violencia doméstica en el Condado de San Mateo entre mayo de 2007 y junio de 2010 y en el Condado de Butte entre abril de 2008 y junio de 2010.

Durante este tiempo, los detectives del Condado de San Mateo revisaron 6024 órdenes de restricción de 2973 personas y vincularon a 525 agresores con armas de fuego (17,7 por ciento en general, 19,7 entre los hombres y 8,3 entre las mujeres), con un resultado de 119 agresores que entregaron una o más armas de fuego. De las 1978 órdenes de restricción aproximadas revisadas por los detectives del Condado de Butte, se entregaron y se llevó registro de 305 órdenes a 283 acusados. Entre esos 283 acusados, los detectives identificaron 88 agresores vinculados con armas de fuego (31,1 por ciento en general, 33,3 por ciento entre los hombres y 16,3 por ciento entre las mujeres) y recuperaron una o más armas de fuego de 45 agresores. Prácticamente todas las armas de fuego recuperadas en ambos condados (622 de 665) quedaron en custodia de agencias policiales, mientras que el resto se vendieron a comercios autorizados.

“En este estudio, los registros de operaciones con armas de fuego y los documentos judiciales identificaron cada uno únicamente entre el 40 y el 50 por ciento de los agresores con armas de fuego”, manifestó Wintemute. “Dado que solo 10 estados archivan las operaciones con armas de fuego por más de 10 años, la mayoría de los estados deberán confiar en los registros judiciales y en las entrevistas con las víctimas”.

Además de utilizar todas las fuentes de información disponibles para identificar a los propietarios de armas de fuego, los autores hallaron que era importante garantizar que el personal que entrega las órdenes de restricción por violencia doméstica a los propietarios o poseedores de armas de fuego pueda recuperar dichas armas de fuego al momento de entregar la notificación. También recomiendan contar con órdenes de allanamiento para los casos en que un agresor sospechado de tener armas de fuego no las entrega.

“Este estudio representa un paso en dirección correcta, pero se necesitarán estudios más amplios para determinar los procedimientos óptimos para detectar y recuperar armas de fuego, evaluar la incidencia de los hechos adversos y determinar los efectos sobre las tasas de violencia”, agregó Wintemute.

Otros coautores del estudio también incluyen a Barbara E. Claire del Programa de Investigación sobre Prevención de Violencia de UC Davis y Katherine Vittes y Daniel W. Webster del Center for Gun Policy and Research de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Procedimientos del estudio

Para identificar la vinculación con armas de fuego, los detectives de cada condado revisaron las órdenes de restricción de los tribunales de los condados y las solicitudes de órdenes de restricción de las víctimas, y examinaron los registros del Sistema Automatizado de Armas de Fuego de California y otras bases de datos relevantes del Departamento de Justicia de California con información sobre compras de armas de fuego, compras rechazadas, registro de armas de asalto (semiautomáticas) y solicitudes para portar armas ocultas. En los casos necesarios, entrevistaron a las víctimas.

Los procedimientos para recuperar las armas de fuego fueron variados. Cuando las órdenes fueron entregadas por partes privadas, como ocurrió frecuentemente, los detectives se comunicaron con el acusado al poco tiempo para explicarles la prohibición y recuperar las armas de fuego. Los empleados civiles de la oficina del sheriff realizaron servicios de cumplimiento de la ley en el Condado de San Mateo. Explicaron la prohibición, pero el alcance de función no les permitía recuperar las armas de fuego. Como resultado, debían esperar que un detective u otro oficial las recuperaran. (Sobre la base de los resultados del estudio, esta práctica cambió desde entonces, y ahora la notificación la cursan los detectives.)

En el Condado de Butte, los detectives fueron quienes entregaron las órdenes en los casos en que la parte demandante solicitó servicios de cumplimiento de la ley. Si bien en ambos condados muchas veces los agresores negaron poseer armas de fuego, se les podía solicitar que lo certificaran bajo pena de perjurio, aunque no se les podía obligar a que lo hicieran.

El Programa de Investigación sobre Prevención de Violencia es un programa de investigación organizado de la Universidad de California, Davis, que realiza investigación de punta para ampliar los esfuerzos de Estados Unidos para comprender y prevenir la violencia. Desde su creación, el programa ha producido un cuerpo de investigación excepcionalmente rico e informativo sobre las causas, la naturaleza y la prevención de la violencia, en especial de la violencia con armas de fuego. Las áreas sobre las cuales se puso énfasis actualmente son la predicción de los comportamientos criminales, la eficacia del período de espera y los programas de averiguación de antecedentes para los posibles compradores de armas de fuego, y los determinantes de violencia con armas de fuego.